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La Universidad Nacional de Córdoba creó un Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios como parte de una reestructuración presupuestaria, que también incluyó la derogación de la contribución estudiantil universitaria (ordenanza 5/90) y la inclusión de los gastos de funcionamiento de las facultades en sus presupuestos anuales. El denominador común de este abanico de cambios descansa en la ratificación de que es el Estado Nacional quien debe financiar la educación pública en su totalidad.

El nuevo esquema de donaciones permitirá que alumnos, docentes, graduados, personal de apoyo y personas físicas realicen voluntariamente depósitos dinerarios y elijan su destino: sus unidades académicas de origen, elPrograma de Asistencia Social Solidaria (PASOS), que brinda cobertura médica primaria a los estudiantes sin mutual, o el Fondo Único de Becas.

Hasta el presente, lo recaudado a través de la contribución estudiantil –seis millones de pesos anuales en promedio– era destinado mayormente a gastos de funcionamiento de las facultades, como limpieza, mantenimiento, seguridad e insumos, movilidad para trabajos prácticos, servicios de apoyo psicopedagógico y equipamiento, entre otros. La nueva ordenanza establece que, en adelante, los fondos para cubrir esas erogaciones estarán incluidos en el presupuesto asignado a cada unidad académica, procedente de los recursos que gira el Gobierno Nacional.

En rigor, el sentido de la restructuración transita por dos caminos paralelos. Por un lado, la convicción de que el Estado debe financiar los gastos de funcionamiento de la casa de altos estudios; y por el otro, asegurar el pleno ejercicio de los derechos a todos los miembros de la comunidad universitaria, independientemente de su posibilidad de afrontar el pago de una cuota mensual. Esto es, reafirmar el deber indelegable del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades mediante el financiamiento genuino.

Los incrementos presupuestarios para las unidades académicas que conlleva el nuevo esquema serán asignados a través del Consejo Superior en un plazo de 45 días corridos a partir del 9 de marzo. Y está previsto que esas cifras se actualicen anualmente, en función de las disponibilidades de cada ejercicio.

Para asegurar la transparencia en la administración de los fondos recaudados a través del Sistema de Aporte Voluntario, la Unidad de Auditoría Interna realizará anualmente un control integral sobre la recaudación, ejecución y administración de los recursos obtenidos por esa vía.

Entre sus considerandos, el texto aprobado en el Consejo Superior señala que las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento han sido históricamente insuficientes. En esa línea, recuerda que durante la aciaga situación económica de lo ´90, el presupuesto de la UNC sólo alcanzaba para cubrir el pago de salarios y servicios mínimos. Ello implicó la interrupción de suscripciones a revistas científicas, la disminución de la obra pública y su mantenimiento, el retraso de la actualización tecnológica, y la imposibilidad de garantizar beneficios de salud, deportivos y académicos para mejorar la calidad de vida estudiantil.

La ordenanza 5/90 fue aprobada en un contexto de plena crisis económica con la finalidad de que lo recaudado permitiera complementar exclusivamente servicios para-educativos (insumos para trabajos prácticos, limpieza, materiales educativos, mantenimiento del sistema de iluminación, materiales bibliográficos, biblioteca y servicio de computación) y en segundo lugar, becas para estudiantes.

Como dato, cabe señalar que de los gastos ejecutados con la contribución estudiantil en 2009, los mayores porcentajes se destinan a los rubros limpieza (17 por ciento) y mantenimiento (15 por ciento). A ellos le siguen en importancia el Programa Pasos (14 por ciento) y cuatro Facultades que reservan un porcentaje para becas a estudiantes.